Creo que a nadie se le escapa que el conjunto de movimientos de protesta que se están dando en varias ciudades españolas tiene las mismas raíces que los que han surgido en todo el mundo árabe, las mismas raíces y distintas circunstancias; es la semilla del hartazgo, la corrupción, la injusticia, la impotencia...
Spanish revolution: ¿qué ha pasado? Un pequeño resumen de los últimos acontecimientos en Madrid y otras 50 ciudades españolas por Diana Eguía para Equis Magazine.
Doy paso a propuestas más claras que me llegan.
Ante la desinformación que los medios producen y el ruido natural de Twitter, así como cierto sentido de desconcierto, para aquellos que crean que lo que estos días está sucediendo en el centro de Madrid y en el corazón de docenas de ciudades españolas, embajadas en el extranjero, etc... El organismo convocador de la manifestación del 15M había preparado una serie de propuestas concretas, sencillas y todas alcanzables. Como la página va un poco lenta (http://democraciarealya.es/?page_id=234), creo que es eficaz pasarlas en correo.
Si quieres sumar tus propuestas, debatir o apostillar, siempre de forma constructiva, tienes a tu disposición el foro http://democraciarealya.es/comunidad/forum.php?id=2
Por una democracia más digna, somos muchos, somos mejores.
Propuestas
Estas son algunas de las medidas que, en cuanto ciudadanos, consideramos esenciales para la regeneración de nuestro sistema político y económico. ¡Opina sobre las mismas y propón las tuyas en el foro!
1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:
Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.
Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
Reducción drástica de los cargos de libre designación, que nunca serán secretos.
2. CONTRA EL DESEMPLEO:
Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
Jubilación a los 65 –excepto los que voluntariamente quieran alargarla– y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.
Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas, mediante una leguslación adecuada.
4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.
5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:
Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.
Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.
Eliminación de las SICAV.
Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).
No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.
Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.
Mayor implicación de las fuerzas armadas en cuestiones sociales.
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